“Soy inocente”. Esas fueron las dos últimas palabras que salieron de la boca de César Fernández Fazio (30 años) acusado de ser el líder un grupo que organizaba fiestas electrónicas y clandestinas para comercializar éxtasis y otras drogas sintéticas. Tenía la esperanza de que un juez, por pedido de sus defensores, le dictaran el sobreseimiento por un tecnicismo legal. Así no sólo podría recuperar su libertad, sino volver a ocupar su puesto en la administración pública, ya que fue suspendido por esta causa desde que quedó detenido.
El 14 de abril personal de Drogas Peligrosas de la Policía Federal se presentó en un after que se realizaba en una finca de Tafí Viejo donde se realizaba un after, como se conoce a las fiestas clandestinas.
En el procedimiento se secuestró éxtasis, LSD-25, ketamina, marihuana, cocaína y tusi (cocaína rosa). No incautaron grandes cantidades de dosis, pero sí la suficiente para comenzar a probar la teoría que venía esbozando desde el mes de agosto del año pasado. Por ese motivo llegaron al lugar con el pedido de detención en contra Fernández Fazio y Mariano Valdez (31).
Los sospechosos fueron procesados por comercialización de estupefacientes. El juez Guido Buldurini les dictó la prisión preventiva por tres meses al considerar que había indicios suficientes para sostener que, según la investigación realizada por el personal de la fuerza federal dirigidos por el fiscal José Sanjuán, Fernández habría dirigido una empresa que se dedicaba organizar fiestas electrónicas para poder comercializar este tipo de sustancias.
El sábado desarticularon siete bocas de expendio de drogasMientras la causa seguía su curso, en la secretaría de Hacienda se iniciaba un expediente. Después de que se confirmara que Fernández trabajaba allí (tenía categoría 20), se le inició un sumario. El departamento jurídico del organismo entendió que no se podía aplicar una sanción fuerte porque estaba tramitándose y que no se había resuelto su culpabilidad. Los profesionales sí consideraron que los funcionarios debían seguir el caso y que, una vez resuelto, iniciar resolver su situación.
En un decreto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo el 20 de mayo, se resolvió:
- Suspender desde el 16 de abril hasta que continúe privado de su libertad Fernández Fazio, lo que significa que no podrá cobrar sus haberes.
- Los funcionarios de la secretaría de Hacienda a que sigan de cerca el desarrollo de la causa para definir los pasos a seguir.
- Suspender el trámite de titularización del empleado que había sido iniciado el año pasado.
Audiencia
Esta causa estuvo plagada de novedades. Fue la primera y única investigación en la que se desarticuló una organización que se habría dedicado a la venta de drogas sintéticas desde que se puso en vigencia la ley de narcomenudeo, en diciembre de 2022.
También fue novedosa la utilización de un agente revelador para que sumara evidencia en contra de los investigados. Se trata de una figura utilizada en el código procesal penal de la Nación, no así en el de la provincia. Para que puedan realizar su trabajo, los investigadores deben contar con autorización de un juez para que no viole los derechos de los sospechosos. En este caso se utilizó para concretar la compra de pastillas.
El defensor oficial Pablo Canata y su auxiliar Maximiliano Movsovich, que asisten a los dos imputados, desde un primer momento cuestionaron la utilización de esta figura porque no estaba contemplada en el digesto que rige en la provincia. Fracasaron en su intento, pero fueron por más.
Los profesionales descubrieron que dos agentes de la Federal se ganaron la confianza de ellos para sacarle información que terminaron incriminándolos. “Descubrimos que gracias a esa tarea, apareció ya con autorización judicial, el agente revelador que hizo las compras de pastillas. En otras palabras, consiguieron la información para incriminarlos, violando todos sus derechos”, sostuvo Cannata que pidió la exclusión probatoria, la nulidad de todo lo actuado y el sobreseimiento de los imputados.
Los auxiliares Carlos Berarducci y Exequiel Fligman se opusieron argumentando que todo había sido realizado de manera legal y que no se habían vulnerado los derechos de los acusados. A la hora de hacer el uso de la palabra Fernández dijeron que fueron prácticamente “acosados” por las agentes para sacarles información que luego terminaría perjudicándolos. El juez Carlos Caramutti decidió rechazar el planteo y la causa seguirá como hasta ahora.
Cuando Jaldo era gobernador interino de la provincia había solicitado su creación, pero el pedido no prosperó. En la Legislatura se presentaron tres proyectos de ley para que se incorporaran estas y otras figuras para facilitar la investigación en causas de narcomenudeo, pero siguen sin ser analizadas y aprobadas.